Artículo de Opinión | La pretensión contra Montesquieu.-

Artículo de Opinión.-

La pretensión contra Montesquieu.

Por Pedro Antonio Campos.

Charles Louis de Secondat, conocido como “Montesquieu” por su título nobiliario francés, fue un notable filósofo y jurista perteneciente al movimiento de la “Ilustración” y destacó, entre otras cosas, por popularizar uno de los pilares fundamentales del actual Estado de Derecho: el principio de separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).

Este principio -y que recuerdo haber estudiado con mucho detenimiento durante mis años en la Facultad de Derecho- constituye la antítesis al absolutismo y por ello, a la concentración de poderes en única persona. Pero esto último, en los tiempos actuales del “sanchizmo”, se ha puesto de manifiesto con un claro y certero ataque (sin ningún pudor) al principio constitucional y que, evidentemente, pasa, de manera intencionada, desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación y por tanto, para la opinión púbica en general. Esto es lo que me motiva a denunciar tal agravio constitucional.

Nuestra Carta Magna promulga que la soberanía nacional (art. 1.2) reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y en relación con esto, el referido principio se infiere (de manera correspondiente) en los arts. 66.2, 97 y 117. Constituyen, por tanto, el marco constitucional que regula las facultades y atribuciones de cada uno de los actores que participan en la toma de decisiones. Pero el balance de los años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la Nación ponen de relieve que pretende dar “muerte” a los principios del barón Montesquieu y afirmo tal categoría puesto que, por ejemplo: el nombramiento de la Fiscal General del Estado en la persona de Dolores Delgado (exMinistra de Justicia), no garantiza la imparcialidad que se le exige y presumimos que persigue un objetivo: controlar la acción de la Justicia; la purga en la cúpula de la Guardia Civil, destacando el cese del Coronel, Pérez de los Cobos, por negarse a facilitar información que concierne a la Policía Judicial (art. 126) y que por consiguiente, le llevaría a cometer una ilegalidad con las consecuencias penales que ello supone, demuestra una clara injerencia del Ejecutivo en asuntos judiciales; los ataques del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al Poder Judicial cuestionando su independencia (véase, por ejemplo, el caso de Isabel Cerra) son otra prueba más; modificación de Leyes Orgánicas por vía reglamentaria, con la posible conculcación de un derecho fundamental y obviando la preceptiva tramitación parlamentaria; o ataques a la Junta Electoral Central, entre otros ejemplos.

A lo anterior se le suma una pública y notoria degradación institucional que refleja lo peor de la implantación del socialcomunismo en el Gobierno de España, sometiendo y controlando a la Administración Pública y dirigiendo su mandato de servir al interés general (art. 103.1) a puros intereses partidistas y electoralistas. Sirvan de ejemplo: la manipulación de Radio Televisión Española, orquestada por Rosa María Mateo; el bochorno del CIS, a cargo de José Félix Tezanos (militante del PSOE); la utilización del cuerpo de la Abogacía del Estado para sus intereses sesgados (véase, por ejemplo, el caso del procés y Edmundo Bal); monitorizar las opiniones en las redes sociales, empleando para ello a la Guardia Civil para “minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis…”; suspender el Portal de Transparencia; consentir injurias al Jefe del Estado; o permitir la entrada y reunirse con la vicepresidenta de una narcodictadura que tiene prohibido acceder al espacio Schengen por la Unión Europea, entre otros ejemplos más.

Este totum revolotum provocado por una nefasta gestión ha ocasionado que exista un clima de malestar dentro de la propia Administración Pública y ha llevado a que numeras asociaciones y colectivos profesionales se manifiesten contrarios a resquebrajar la separación de poderes y, en definitiva, a vulnerar el propio principio de legalidad. Valga de ejemplo, las recientes declaraciones de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura y la del Foro Judicial Independiente. Además, las realizadas por las asociaciones de la Guardia Civil.

Es por todo ello que, España está sufriendo al presidente más radical de su historia democrática y cuenta para esa labor con un equipo, mayoritariamente, sin moral. No le pesa ni le quita el sueño faltar a la promesa que realizó al tomar posesión de su cargo: “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. Y para ello, si tiene que romper con los principios constitucionales, si tiene que quebrar el modelo de convivencia, o si tiene que acabar con el espíritu de la Transición, lo hará por un simple objetivo: perpetuarse en el poder a costa de todo y de todos.

Finalmente, aprovecho estas líneas para animar a los españoles a manifestar sus ideas a través de los medios de los que disponen y, sobre todo, a reivindicar el cumplimiento del mayor logro que hemos conseguido en nuestra historia: la Constitución. Si no lo hacemos, permitiremos que el socialcomunismo se implante con mayor intensidad y no viene mal recordar las palabras de Montesquieu: “no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”. Así lo pienso.